Los porteros Vrs la vigilancia privada
 
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Nuevo resolucion sobre Tarifas de Vigilancia 01 2010
NUEVO DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY 675 DE 2001
¿Es correcto contratar empresas de conserjería o es necesario que sean empresas de vigilancia?
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LA CUESTIÓN
Ha sostenido la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada, que el servicio que prestan los Porteros y Conserjes en los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal, constituye un servicio de vigilancia y seguridad privada tendiente a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros, el cual se encuentra reglamentado por la Ley 61 de 1993, y en especial por el DECRETO NÚMERO 356 DE 11 DE FEBRERO DE 1994, por medio del cual se expidió el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, y que por tal motivo solo podrá prestarse mediante la obtención de una licencia expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

NORMATIVIDAD
Las siguientes son las normas que tienen relación con el cuestionamiento que nos ocupa:

LEY 61 DE 1993 DE AGOSTO 12, Por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para dictar normas sobre armas, municiones y explosivos, y para reglamentar la vigilancia y seguridad privada.
LEY 62 DE 1993, DE AGOSTO 12, Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad social, bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República.
DECRETO 2453 DE 7 DE DICIEMBRE DE 1993, Por el cual se determina la estructura orgánica, objetivos y funciones y régimen de sanciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se dictan otras disposiciones.
DECRETO 356 DE 11 DE FEBRERO DE 1994, Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada.
DECRETO 2974, DEL 16 DE DICIEMBRE DE 1997, Por el cual se reglamentan los Servicios Especiales y los Servicios Comunitarios de Vigilancia y Seguridad Privada.
DECRETO 2187, del 12 DE OCTUBRE DE 2001, por el cual se reglamenta el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada contenido en el Decreto-ley 356 del 11 de febrero de 1994.
DECRETO NUMERO 1612 DE 2002, de julio 31, Por la cual se modifica y adiciona parcialmente el Decreto 2974 de 1997, sobre los Servicios Comunitarios de Vigilancia y seguridad Privada.
DECRETO NÚMERO 3222 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2002, Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada contenido en el Decreto Ley 356 del 11 de febrero de 1994, y se dictan otras disposiciones.

LO SOCIAL
La llegada de vigilantes armados puede convertir las unidades en fortalezas y no es lo que piden los habitantes de estos complejos. En Colombia las copropiedades generan entre 80.000 y 100.000 empleos y en Medellín la cifra está en las 4.000 copropiedades y los 16.000 empleos.
En la estructura de costos de administración, los salarios representan entre 45% y 55%; los gastos administrativos, entre 15% y 20%; mantenimiento, entre el 20% y 25%; seguros, entre el 5% y 10%, y los servicios públicos entre 10% y 15%. El cambio de los porteros significaría incrementos entre 6% y 7% del total del costo de administración. El costo de un portero vinculado laboralmente a la copropiedad tiene un valor cercano a los 2’810.000, mientras que la tarifa del servicio de vigilancia privada tiene un mínimo de 3’300.000.
La finalización sin justa causa de los contratos a los 100.000 porteros y conserjes del país tendría un costo cercano al billón de pesos, pues se estima que por cada empleado serían mínimo 7 u 8 millones de pesos en indemnización. En Medellín el costo sería de $128.000 millones
Se genera una disminución de los puestos de trabajo y una disminución en la calidad del servicio, toda vez que los vigilantes prefieren trabajar 12 horas, con descanso de 2 días, cada 15, en contravia de lo señalado en el Código Sustantivo del Trabajo.

LO JURÍDICO
FORMA DE VINCULACIÓN LABORAL
El Portero usualmente es vinculado a través de un contrato de trabajo con la copropiedad, la cual es una Persona Jurídica, de acuerdo a lo señalado en la Ley 675 del 2001.

Sin embargo además de este tipo de vinculaciones, la copropiedad puede celebrar contratos de prestación de servicios con personas jurídicas que prestan este servicio, tales como:
Empresas de Servicios Temporales.
Este tipo de empresas tiene una regulación que desde el punto de vista técnico les impide prestar este servicio, sin embargo en la práctica prestan el mismo.
Empresas de Servicio de Aseo
Algunas empresas de aseo, facilitan el personal de portería, como empleado de oficios varios, lo cual no se encuentra prohibido por la ley,
Empresas de Administración de Propiedad Horizontal
Es usual que en algunas ciudades de Colombia, las empresas de administración de propiedad horizontal, prestan el servicio con personal incluido; personal que se encuentra vinculado laboralmente a la empresa administradora.

OFICIO O LABOR DESEMPEÑADA.
Es el Portero o Conserje un vigilante?
De acuerdo a la reglamentación legal vigente, entendemos por vigilancia fija el servicio prestado a través de vigilantes o de cualquier otro medio, con el objeto de dar protección a personas o a bienes muebles o inmuebles en un lugar determinado.

A nuestro modo de ver, esta es una de las funciones desempeñadas por los Porteros o Conserjes; existen además de esta labor, otras actividades desarrolladas por estos empleados, lo cual podría desnaturalizar la calidad de vigilante.

LA SENTENCIA C-995/04, QUE RESUELVE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 24 DEL DECRETO LEY 2453 DE 1993 Y EL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO LEY 356 DE 1994 (PARCIAL

Algunas Copropiedades de Medellín, demandaron ante la Corte Constitucional, los artículos señalados por la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada, que configuraban a criterio de esta entidad estatal, la posibilidad de establecer que el servicio de portería debería ser prestado a través de un servicio reglamentado por el estado.

Con ponencia del H. Magistrado, DR. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, fueron declarados EXEQUIBLES (ajustados a la carta magna) los artículos 24 del Decreto 2453 de 1993 y 2 del Decreto Ley 356 de 1994. Sin embargo, en la parte motiva de dicha sentencia, señaló:

“Mediante el Decreto Ley 2453 de 1993, el gobierno determinó la estructura orgánica, los objetivos, las funciones y el régimen de sanciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Este decreto fue expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el numeral 7o., artículo 35 de la Ley número 62 de 1993, “por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un Establecimiento Público de Seguridad Social y Bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República

El artículo 24 del Decreto Ley 2453 de 1993, define lo que se entiende por (i) vigilancia y seguridad privada, e incluye dentro de tal definición; (ii) “toda actividad”; (iii) que realicen personas naturales o jurídicas; (iv) privadas o de derecho público; (v) en beneficio propio o de terceros; (vi) tendiente a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual y a la vigencia de un orden justo; (vii) en lo relacionado con la vida, la honra y los bienes propios o de terceros. Tal definición se hace, tal como lo dice expresamente la norma, “para los efectos del presente decreto”, que es determinar la estructura orgánica, objetivos y funciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Aun cuando dicha definición incluye dentro del concepto de vigilancia y seguridad privada “toda actividad” que desarrollen las personas públicas o privadas para prevenir perturbaciones o proteger sus bienes o los de terceros y garantizar su seguridad y tranquilidad, en realidad el decreto sólo regula algunos aspectos de la vigilancia y seguridad privadas.

Si bien, el texto del artículo 24 del Decreto 2453 de 1993, examinado cobija todo tipo de actividad orientada a garantizar la seguridad y vigilancia privadas, el contexto en el que fue dictada esta norma fue el de una regulación integral del uso de armas, municiones y explosivos, sobre las cuales el Estado tiene el monopolio. Ello explica la creación de una Superintendencia de Vigilancia de Seguridad Privada, la definición del tipo de armas que podían estar en manos de particulares, y el control sobre medios y equipos de vigilancia que deben ser autorizados por el Estado, tales como el blindaje y equipos de telecomunicaciones. Por lo tanto, existe una diferencia sustancial entre lo que define el decreto como objeto de control por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, y lo que regula en diferentes normas en concreto.

Por su parte, el Decreto Ley 356 de 1994, mediante el cual se estableció el estatuto de la vigilancia y seguridad privadas, emplea una definición, no de cualquier actividad de vigilancia, sino solamente de los “servicios de vigilancia y seguridad privados.” En efecto, el artículo 2 del Decreto 356 de 1994, se refiere exclusivamente a (i) los servicios de vigilancia y seguridad privada; (ii) prestada por personas naturales o jurídicas; (iii) que realicen estas actividades en forma remunerada; (iv) en beneficio de una organización pública o privada; (v) para prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual; (vi) en lo relacionado con la vida, los bienes propios o de terceros y (vii) la fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos de vigilancia y seguridad privada, blindajes y transporte con este mismo fin.

Por lo anterior, dado que el ámbito definido por el artículo 24 del Decreto Ley 2453 de 1993 es distinto del regulado por el artículo 2 del Decreto Ley 356 de 1994, no ha ocurrido la subrogación alegada por el Procurador, ni una clara derogatoria tácita, por lo que esta Corporación se pronunciará sobre la constitucionalidad de las dos normas cuestionadas.

Tal como se señaló en la sección anterior, la comparación del ámbito cobijado por las normas demandadas para determinar la competencia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, muestra que mientras que el artículo 2 del Decreto 356 de 1994 se refiere sólo a algunas de las maneras que los particulares pueden emplear para cuidar sus bienes y proteger su vida o la de terceros, en este caso, aquellas que puedan implicar el uso de armas de fuego o de medios que puedan poner en peligro la integridad física y la intimidad de las personas, el artículo 24 del Decreto 2453 de 1993 emplea términos amplios, e indeterminados que aparentemente colocan bajo el control de la Superintendencia actividades eminentemente íntimas y pasivas de los individuos para salvaguardar y vigilar sus propios bienes.

No obstante, una interpretación armónica del artículo 24 del Decreto 2453 de 1993, a la luz del objeto regulado tanto por el Decreto 2453 de 1993, como por el Decreto 356 de 1994, ayuda a precisar el ámbito de competencia de la Superintendencia revigilancia y Seguridad Privada. A la luz del objeto de regulación de los dos decretos, las actividades que quedan bajo el control de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada son aquellas realizadas por los servicios de vigilancia a favor de terceros, de conformidad con lo que establece el artículo 2 del Decreto 356 de 1994, para los cuales el Estado expide los permisos necesarios.

Por lo tanto, las actividades individuales y pasivas de custodia realizadas por los particulares, dirigidas a velar por su propia seguridad y la de los suyos, sin una finalidad distinta a la de disminuir riesgos personales, sin afectar los derechos de terceros —siempre que mantengan características distintas a los servicios de seguridad anteriormente mencionados—, no están bajo el control de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, ni se requiere para su ejercicio de licencias o permisos.

Ni el artículo 24 del Decreto 2453 de 1993 ni el artículo 2 del Decreto 356 de 1994, sometieron a la vigilancia y control de la Superintendencia actividades meramente individuales y eminentemente íntimas, en los términos de las normas legales vigentes y dentro de las condiciones estrictas que han de reunirse para que la defensa individual sea estimada por la ley penal como legítima.


Los términos del artículo 2 del Decreto 356 de 1994, precisa el alcance de la definición del artículo 24 del Decreto 2453 de 1993 y excluye de la competencia de la Superintendencia las actividades individuales que los particulares desplieguen para prevenir perturbaciones a su propia tranquilidad y seguridad, así como para proteger sus bienes y su vida, en los términos anteriormente recordado y desarrollados por las normas vigentes.

Por ello, cuando la defensa personal involucra la utilización de empresas privadas de seguridad, o de medios de defensa que impliquen el uso de armas autorizadas a los particulares o de medios de vigilancia cuyo comercio y empleo está restringido, el único modelo compatible con la Constitución, tal y como lo ha señalado esta Corte en varias oportunidades, es el esquema de seguridad bajo el control y vigilancia estatales. En el caso de la materia regulada por los Decretos 356 de 1994 y 2543 de 1993, ese control está a cargo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

(RESALTADO Y SUBRRAYADO NUESTRO)

CONCLUSIÓN
A la luz de la Sentencia de la Corte Constitucional, consideramos:

“…las actividades individuales y pasivas de custodia realizadas por los particulares, dirigidas a velar por su propia seguridad y la de los suyos, sin una finalidad distinta a la de disminuir riesgos personales, sin afectar los derechos de terceros —siempre que mantengan características distintas a los servicios de seguridad anteriormente mencionados—, no están bajo el control de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, ni se requiere para su ejercicio de licencias o permisos.

Ni el artículo 24 del Decreto 2453 de 1993 ni el artículo 2 del Decreto 356 de 1994, sometieron a la vigilancia y control de la Superintendencia actividades meramente individuales y eminentemente íntimas, en los términos de las normas legales vigentes y dentro de las condiciones estrictas que han de reunirse para que la defensa individual sea estimada por la ley penal como legítima.”

Por tal motivo creemos que las actividades individuales, cuando son realizadas por una persona jurídica, en este caso la Propiedad Horizontal, no están sometidas al control de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada por cuanto esta es una actividad íntima, que se realiza en desarrollo de la defensa individual, por cuanto la actividad desarrollada por los Porteros y Conserjes no implica el uso de armas y medios bajo el control del estado.

Por lo anterior, podemos afirmar que es legal la actividad desarrollada por las Propiedades Horizontales, que directa o indirectamente contratan los servicios de Portería y Conserjería, para que sean prestados por Personas Naturales o Jurídicas, diferentes a las empresas de vigilancia y seguridad privada, si en desarrollo de este servicio no se utilizan armas o cualquier otro tipo de medio cuyo control de comercialización y uso esté a cargo del Estado.



DIEGO RESTREPO ISAZA
Abril de 2005
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